GOBIERNO ELECTRÓNICO

¿Puede ser el gobierno electrónico la nueva cara de la democracia participativa para nuestro país? Al revisar “El Plan de gobierno electrónico 2016-2015” elaborado por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, se puede ver que el objetivo es establecer una relación entre la ciudadanía y el Estado a través de las TICs, buscando la eficacia y la eficiencia de la gestión pública. Lo que permitiría durante su ejecución, transparencia en el sector público a través de la activa participación de los ciudadanos.

 “Para el 2025 la transformación de la gestión pública y desburocratización del Estado permitirá a las bolivianas y bolivianos, acceder a los servicios rápidos, simples y ágiles, universalización de los servicios básicos y erradicación de la pobreza”. Siendo el ciudadano la variable transversal en este planteamiento, también será en él en quien repose el éxito de su aplicación.

Ningún boliviano escapa a la odisea del papeleo burocrático e intransigente del sistema actual. Independientemente de aliviar muchos de nuestros sufrimientos, el gobierno electrónico genera la posibilidad de transparencia y consulta pública de muchos documentos, convirtiéndose así en una herramienta para combatir la corrupción.  ¿Que hubiera sido del “caso Zapata “, “Fondo indígena” o el “Caso de los magistrados” en una gestión con un gobierno electrónico ya establecido?

Viviendo en una población mayoritariamente poco conectada con el mundo digital, los desafios para implementar un gobierno electrónico son grandes y tiene que enfrentar restos como infraestructura, gestión, capacitación y socialización de la información. Se abre una nueva opción de ejercicio democrático desde las nuevas tecnologías.

Una historia de pelicula

En 1976 se iniciaron las gestiones para la creación de la Ley General del Cine. Casi 10 años después en Octubre de 1985, este proyecto tropezó con muchos obstáculos y no fue posible llegar a un consenso. Finalmente, la Ley 1302, fue aprobada el 20 de Diciembre de 1991. Desde entonces, las muchas trampas que se han descubierto en su ejecución y los constantes intentos de reformularlas, han herido profundamente al corazón del movimiento audiovisual.

En 1993, se procedió al primer intento de su reformulación, un segundo se da en 2004, con Patricia Flores como directora del Conacine. En 2011 se lanza una convocatoria para desarrollar un anteproyecto base. El Congreso del Cine de 2013, es el escenario para debatir y redactar colectivamente una nueva ley del cine, que finalmente fue entregada en abril de 2015 al ministro de Culturas y Turismo. El 29 de marzo de 2016 el ministro Marko Machicao determinó, empezar de cero el proyecto. 

La historia nos muestra cuan postergado esta nuestro cine boliviano desde las instituciones gubernamentales. Sin embargo, el poco apoyo no ha logrado debilitar su crecimiento. El cine boliviano como arte que reconstruye el tejido social, ha encontrado su fortaleza en la sed de creación de los genios, pero muy poco valorados artistas visuales, que desde esta lucha construyen un guion para el mañana.

¿Licencia para matar?

La aprobación del Decreto Supremo 2754, que permite el uso de dinamitas en manifestaciones públicas, contradice los principios de la Ley de control de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. La diputada Norma Piérola afirma: “Lo que nos preocupa es lo que manifestaron los mineros, que confesaron, y este es el objeto de este decreto criminal, una autorización para matar. Vamos a conformar un ejército de mineros para defender el derecho de reelección de Evo Morales”

Aunque el uso de la dinamita en Bolivia forma parte de una tradición de reivindicación histórica,  y tiene un valor simbólico, por definición es considerada un arma de fuego. Su control es un tema latente a nivel mundial, por ejemplo en  EE. UU. la tenencia de armas de fuego es un derecho de todos los estadounidenses, y es por consiguiente el país que registra más tragedias por su uso indiscriminado.

Bolivia no está exenta de esta realidad. ANF menciona  que al menos 26 muertos y 145 heridos se registraron en los últimos 12 años por el uso de dinamita. De esta manera Se abren preguntas para el debate ¿Dónde termina la libertad de toda persona para portar armas de fuego? ¿Cuáles son sus usos correctos? ¿En qué lugares? Si las leyes en Bolivia son contradictorias en darnos estas respuestas los hechos siempre hablarán por si solos.